El informe de AI cuestiona la publicación en julio de 2012 de una ordenanza de la Procuraduría General de la Nación, que permite el desarrollo de proyectos, mineros e hidroeléctricos y construcciones militares en tierras indígenas sin que se efectúen las consultas a las que tienen derecho según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos originarios y tribales, que Brasil ratificó en 2002.
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