Este plan, que remeció al mundo cuando fue descubierto, fue un acuerdo firmado en 1975 para la represión política entre los gobiernos de Chile, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Perú. Consistía en el intercambio de información sobre los disidentes de cada uno de estos países para posteriormente secuestrarlos, intercambiarlos, desaparecerlos, llevarlos a su país de origen o asesinarlos in situ.
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